Nada es para siempre, y entre los finales previsibles en nuestra historia, estaba el del espejismo de prosperidad del Estado Libre Asociado. No hay que estar particularmente documentado en economía o ciencias políticas para prever que un sistema anclado en la perpetuación de la pobreza, la dependencia y la extensión de un sentido de minusvalía, tenía que obligar a un desenlace de crisis fiscal a nivel gubernamental y de empobrecimiento a nivel ciudadano. La letal combinación de incompetencia, corrupción y ausencia total de sentido de trascendencia hoy le pasan factura al país: 70,000 millones de dólares en deuda pública; 30,000 personas emigrando anualmente y la imposibilidad de reconciliar los ingresos del estado (mermados en gran medida por los generosos incentivos, créditos y exenciones a sectores privilegiados) con los gastos necesarios para la provisión de servicios.
El punto sensato de partida -y en el que he insistido desde principios de cuatrienio- debería ser una reforma contributiva integral, que empiece por la revisión de todos los componentes tributarios, que elimine la distinción injustificada de corporaciones exentas y regulares, que amplíe la base contributiva de suerte que las tasas resultantes no sean tan onerosas y que simplifique un ordenamiento que por su complejidad impide hoy la fiscalización eficiente por parte del Departamento de Hacienda. De forma paralela debería manejarse una reforma gubernamental que se aparte de la respuesta simplona de los despidos y que atienda las evidentes fallas de eficiencia, provocadas en gran parte por la politización de corporaciones públicas y agencias que ha entronizado en posiciones claves a personas sin los méritos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
La torpe respuesta de las administraciones Fortuño y García Padilla han marchado en la dirección contraria, promoviendo iniciativas que, lejos de aplacar la crisis, han generado un empobrecimiento mayor de la clase trabajadora: los despidos de la Ley 7, el desmantelamiento de los sistemas de retiro, la patente nacional y el compromiso a largo plazo con la emisión de deuda para pago de obligaciones ya contraídas y gastos operacionales. Y claro, antes, el castigo del IVU durante el gobierno compartido del 2005-2008, con su promesa incumplida de desterrar todos los males fiscales. Ante la ineficacia de esas medidas, nos llega ahora la "Ley de Sustentabilidad Fiscal', que lo que persigue es que el país entero pague por los platos rotos de décadas de mala administración.
La propuesta, recogida en el Proyecto del Senado 1092, declara un "estado de emergencia para la recuperación fiscal y económica" y como solución, congela los aumentos en beneficios económicos a los empleados públicos como los que procederían por años de servicio; fija el bono de Navidad en $600.00 y el de verano a un máximo de $200.00, autoriza la reducción de servicios de transportación escolar, permite traslados de empleados sin consideración de puestos, niveles o unidades apropiadas; compromete los ahorros de la ACAA y el Fondo del Seguro del Estado para la creación de un fondo de terapias para educación especial; establece que las cláusulas no económicas de los convenios colectivos que expiren dentro de la vigencia de la Ley se extenderán, prohibiendo las elecciones de representación, enmienda la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado para hacer más difícil el cobro de sentencias por daños provocados por el gobierno y decreta que la implantación de tales medidas "no constituirá una violación a los convenios colectivos existentes ni constituirá una práctica ilícita".
La Ley estaría vigente hasta el 1ro de julio de 2017, (con posibilidad de extensión hasta el año 2020) a menos que se certifique antes un crecimiento real del Producto Interno Bruto del 1.5%, el crédito del país regrese a grado de inversión y no se esté recurriendo a financiamiento público o privado para cubrir brechas en recaudos o gastos.
Además, la Ley, según su artículo 23, operará en conjunto con disposiciones presupuestarias como el llamado "por ciento de ajuste", que aplicará no sólo al Ejecutivo, sino que también violentará la fórmula asignada a la Rama Judicial. La reducción implicaría el cierre de 26 salas municipales, recortes en las cortes de droga, la detención de la expansión de las salas de violencia doméstica, y es probable que no se pueda cumplir con obligaciones como el pago del nuevo Centro Judicial de Caguas. Los recortes se dan en violación a la Ley 286-2000, que impide que se reduzca el presupuesto de la Rama Judicial, en reconocimiento a su autonomía. En el Ejecutivo, una de las agencias más perjudicadas es el Departamento de Educación: dispondrán de $138 millones menos para funcionamiento y de $85 millones menos en nómina, incluyendo maestros, directores y facilitadores docentes. En el Programa de Educación Especial, en un momento en que hay una cantidad sin precedente de niños registrados (159,0000, lo que es más de una cuarta parte de la matrícula general), y se persiste en el incumplimiento descarnado de los derechos que les asisten, el recorte es de 53 millones de dólares.
El Departamento de Justicia apoya entusiastamente la medida, aunque con una salvedad: sostiene el secretario Miranda que ya que el Tribunal Supremo determinó en "Domínguez Castro v. ELA", que la Ley 7 del pasado cuatrienio era constitucional partiendo de los datos incluidos en las gráficas, tablas y comparaciones porcentuales de la Exposición de Motivos, lo que necesita la Ley de Sustentabilidad es gráficas, tablas y comparaciones porcentuales para sobrevivir al escrutinio judicial. Ahora la constitucionalidad de una ley que violenta derechos adquiridos se adjudica por el uso de Excel.
Para el independentismo, esta crisis debe ser la coyuntura que permita transmitir a nuestros compatriotas la urgencia de un nuevo modelo político y económico, que nos provea las herramientas imprescindibles para el progreso del país, como la facultad de adoptar medidas que protejan nuestro empresarismo, de negociar con otros países, de incorporarnos a acuerdos regionales, de adquirir bienes esenciales como combustible en los mercados que escojamos, de promover estrategias de solidaridad entre nosotros y de integración al resto del mundo. Como advirtió Betances, "los tiempos se acercan y han de cumplirse".
*Publicado en Claridad
La torpe respuesta de las administraciones Fortuño y García Padilla han marchado en la dirección contraria, promoviendo iniciativas que, lejos de aplacar la crisis, han generado un empobrecimiento mayor de la clase trabajadora: los despidos de la Ley 7, el desmantelamiento de los sistemas de retiro, la patente nacional y el compromiso a largo plazo con la emisión de deuda para pago de obligaciones ya contraídas y gastos operacionales. Y claro, antes, el castigo del IVU durante el gobierno compartido del 2005-2008, con su promesa incumplida de desterrar todos los males fiscales. Ante la ineficacia de esas medidas, nos llega ahora la "Ley de Sustentabilidad Fiscal', que lo que persigue es que el país entero pague por los platos rotos de décadas de mala administración.
La propuesta, recogida en el Proyecto del Senado 1092, declara un "estado de emergencia para la recuperación fiscal y económica" y como solución, congela los aumentos en beneficios económicos a los empleados públicos como los que procederían por años de servicio; fija el bono de Navidad en $600.00 y el de verano a un máximo de $200.00, autoriza la reducción de servicios de transportación escolar, permite traslados de empleados sin consideración de puestos, niveles o unidades apropiadas; compromete los ahorros de la ACAA y el Fondo del Seguro del Estado para la creación de un fondo de terapias para educación especial; establece que las cláusulas no económicas de los convenios colectivos que expiren dentro de la vigencia de la Ley se extenderán, prohibiendo las elecciones de representación, enmienda la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado para hacer más difícil el cobro de sentencias por daños provocados por el gobierno y decreta que la implantación de tales medidas "no constituirá una violación a los convenios colectivos existentes ni constituirá una práctica ilícita".
La Ley estaría vigente hasta el 1ro de julio de 2017, (con posibilidad de extensión hasta el año 2020) a menos que se certifique antes un crecimiento real del Producto Interno Bruto del 1.5%, el crédito del país regrese a grado de inversión y no se esté recurriendo a financiamiento público o privado para cubrir brechas en recaudos o gastos.
Además, la Ley, según su artículo 23, operará en conjunto con disposiciones presupuestarias como el llamado "por ciento de ajuste", que aplicará no sólo al Ejecutivo, sino que también violentará la fórmula asignada a la Rama Judicial. La reducción implicaría el cierre de 26 salas municipales, recortes en las cortes de droga, la detención de la expansión de las salas de violencia doméstica, y es probable que no se pueda cumplir con obligaciones como el pago del nuevo Centro Judicial de Caguas. Los recortes se dan en violación a la Ley 286-2000, que impide que se reduzca el presupuesto de la Rama Judicial, en reconocimiento a su autonomía. En el Ejecutivo, una de las agencias más perjudicadas es el Departamento de Educación: dispondrán de $138 millones menos para funcionamiento y de $85 millones menos en nómina, incluyendo maestros, directores y facilitadores docentes. En el Programa de Educación Especial, en un momento en que hay una cantidad sin precedente de niños registrados (159,0000, lo que es más de una cuarta parte de la matrícula general), y se persiste en el incumplimiento descarnado de los derechos que les asisten, el recorte es de 53 millones de dólares.
El Departamento de Justicia apoya entusiastamente la medida, aunque con una salvedad: sostiene el secretario Miranda que ya que el Tribunal Supremo determinó en "Domínguez Castro v. ELA", que la Ley 7 del pasado cuatrienio era constitucional partiendo de los datos incluidos en las gráficas, tablas y comparaciones porcentuales de la Exposición de Motivos, lo que necesita la Ley de Sustentabilidad es gráficas, tablas y comparaciones porcentuales para sobrevivir al escrutinio judicial. Ahora la constitucionalidad de una ley que violenta derechos adquiridos se adjudica por el uso de Excel.
Para el independentismo, esta crisis debe ser la coyuntura que permita transmitir a nuestros compatriotas la urgencia de un nuevo modelo político y económico, que nos provea las herramientas imprescindibles para el progreso del país, como la facultad de adoptar medidas que protejan nuestro empresarismo, de negociar con otros países, de incorporarnos a acuerdos regionales, de adquirir bienes esenciales como combustible en los mercados que escojamos, de promover estrategias de solidaridad entre nosotros y de integración al resto del mundo. Como advirtió Betances, "los tiempos se acercan y han de cumplirse".
*Publicado en Claridad