Pocas noticias han sido tan anticipadas como la de la degradación del crédito del país. Desde inicios del pasado año, el augurio de un descenso en la calificación de la deuda gubernamental ha marcado las decisiones -impuestas, apresuradas y nefastas- dirigidas a amortiguar su impacto. El desmantelamiento de los sistemas de retiro, la adopción de nuevos impuestos como la patente nacional, la transferencia de depósitos al Banco Gubernamental y la extensión del IVU, eran imprescindibles, se nos decía, para aplacar la irritación de las casas acreditadoras. Ante tan intensa y prolongada anticipación, resulta entonces más preocupante que el gobernador sólo pudiera recurrir a una serie de propuestas genéricas. De cara a la crisis largamente pronosticada, siguen sin contestar las preguntas esenciales cuya respuesta sólo está en manos del ejecutivo. ¿Cuán adelantadas están las conversaciones para renegociar la deuda, qué porción de ella y en qué términos? ¿En qué punto está el flujo de efectivo? ¿Qué quiere decir "préstamos que sería prudente tomar”? ¿Se refiere a la comentada posibilidad de una nueva deuda de dos mil millones de dólares a intereses de usura? ¿Qué principios informarán la reforma contributiva sobre la que ya hay “estudios en curso” comisionados desde Fortaleza y sin la participación de otros sectores? ¿Qué partidas específicas del nuevo presupuesto serán revisadas?
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