Se le podrá llamar ley de alivio, o proyecto de reestructuración, pero lo cierto es que la medida proveniente de Fortaleza y aprobada como Proyecto del Senado 1164 representa el fin de las corporaciones públicas de Puerto Rico tal y como fueron concebidas--entes autónomos proveedores de servicios esenciales al país--y al igual que todas las demás "fórmulas mágicas" fallidas (IVU, Ley 7, Empleos Ahora, Sistemas de Retiro, Patente Nacional, emisiones de bonos) no logrará sacar al país del profundo atolladero fiscal en que lo han sumido décadas del proyecto político del ELA basado en la dependencia económica.
El problema no es el concepto básico de reestructuración de deuda; es lo que desde mi espacio en el Senado he reclamado desde inicios del cuatrienio, junto con las otras medidas imprescindibles, como reforma contributiva integral, eslabonamiento de actividades económicas y revisión del funcionamiento gubernamental. Pero hasta hace par de días todo el mundo en el gobierno descartaba de plano esa posibilidad, alegando el perjuicio que causaría a nuestra imagen ante el mercado. Súbitamente, lo que tildaban de absurdo se convirtió en esencial, y el último día hábil para aprobación de proyectos, se radica la medida, se considera por vía de descargue, sin vistas públicas y en medio de un debate desvinculado del contenido, lo que es perfectamente natural cuando ni los que la suscriben la han leído. No sólo faltó el fundamental insumo de entendidos en una materia tan compleja; Fortaleza también se guardó los informes de las compañías asesoras que recibieron sumas astronómicas de dinero público por trabajar la propuesta.
Lo que se ha impuesto es el trasplante de ciertos conceptos de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, aplicables a través de dos modelos, uno con mayor intervención judicial que el otro, pero envenenados por la concesión de facultades extraordinarias, casi omímodas, a Fortaleza. El golpe a las corporaciones públicas comienza por la designación del Banco Gubernamental de Fomento como representante única de los "peticionarios" en el proceso de "alivio". Además, el gobernador podrá nombrar, en cada corporación, un "administrador de emergencia", quien ejercerá "de manera exclusiva todos los poderes de la junta de gobierno y del principal oficial ejecutivo", ya que "los poderes de la junta de gobierno serán suspendidos mientras el administrador de emergencia esté en funciones". Las juntas de gobierno de las corporaciones serán desmanteladas, y el gobernador determinará quienes serán los nuevos miembros. El estado disfrutará de virtual impunidad --ellos lo llaman "cuasi inmunidad"--por las acciones que tome bajo la ley, que pueden incluir la alteración tanto de convenios colectivos como de obligaciones comerciales vigentes.
El proceso plantea varias interrogantes esenciales. La primera es sobre la función de un poder legislativo apocado, que renuncia a sus facultades en una sospechosa sumisión a Fortaleza, que todos sabemos no responde a un respeto especial a las capacidades del gobernador. La segunda es por qué el empeño en atragantar al país con una iniciativa de consecuencias severas e irreversibles, sin un mínimo de transparencia. La tercera es si alguien cree, genuinamente cree que las necesidades apremiantes --una auténtica reformulación del gobierno y una adecuada reestructuración de la deuda--se van a satisfacer declarando la bancarrota de las corporaciones públicas. Las respuestas, las conocemos todos.
*Artículo publicado en Metro PR
Lo que se ha impuesto es el trasplante de ciertos conceptos de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, aplicables a través de dos modelos, uno con mayor intervención judicial que el otro, pero envenenados por la concesión de facultades extraordinarias, casi omímodas, a Fortaleza. El golpe a las corporaciones públicas comienza por la designación del Banco Gubernamental de Fomento como representante única de los "peticionarios" en el proceso de "alivio". Además, el gobernador podrá nombrar, en cada corporación, un "administrador de emergencia", quien ejercerá "de manera exclusiva todos los poderes de la junta de gobierno y del principal oficial ejecutivo", ya que "los poderes de la junta de gobierno serán suspendidos mientras el administrador de emergencia esté en funciones". Las juntas de gobierno de las corporaciones serán desmanteladas, y el gobernador determinará quienes serán los nuevos miembros. El estado disfrutará de virtual impunidad --ellos lo llaman "cuasi inmunidad"--por las acciones que tome bajo la ley, que pueden incluir la alteración tanto de convenios colectivos como de obligaciones comerciales vigentes.
El proceso plantea varias interrogantes esenciales. La primera es sobre la función de un poder legislativo apocado, que renuncia a sus facultades en una sospechosa sumisión a Fortaleza, que todos sabemos no responde a un respeto especial a las capacidades del gobernador. La segunda es por qué el empeño en atragantar al país con una iniciativa de consecuencias severas e irreversibles, sin un mínimo de transparencia. La tercera es si alguien cree, genuinamente cree que las necesidades apremiantes --una auténtica reformulación del gobierno y una adecuada reestructuración de la deuda--se van a satisfacer declarando la bancarrota de las corporaciones públicas. Las respuestas, las conocemos todos.
*Artículo publicado en Metro PR