Tratándose del último día de esta primera sesión de la decimoséptima Asamblea Legislativa, creo que es lo adecuado comenzar pasando revista a las cosas buenas y las cosas no tan buenas. En el primer renglón, tengo que expresar mi agradecimiento a los compañeros portavoces y al señor presidente, por la gentileza con que se han conducido los trabajos y, reconocer el esfuerzo de los equipos de asesores, de Secretaría, Trámite y Sargento de Armas.
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Lo que se persigue con la Resolución Conjunta del Senado 100, es atender el tema de acceso a la justicia que existe en nuestro país. En los casos de naturaleza criminal hay un derecho constitucional de ser representado por un abogado o abogada. Sin embargo, en los casos de naturaleza civil, que pueden representar altísimos costos de litigio y envolver casos fundamentales como el derecho a la educación, derecho a la vivienda o a los asuntos de derecho de familia, no existen recursos, más allá de algunas entidades como Servicios Legales, Pro Bono del Colegio de Abogados, la Oficina de Asistencia Legal de la Comunidad y las escuelas de derecho. Se crea un verdadero problema de base democrática. ¿Cómo garantizamos que la gente pueda reclamar sus derechos ó pueda defenderse de reclamaciones ante los tribunales de justicia? Como independentista yo favorezco la participación de Puerto Rico en organizaciones a nivel internacional y todos aquellos esfuerzos que reconozcan nuestro espacio en el mundo. Le voy a votar a favor de esta medida, pero me parece fundamental ubicar en el justo contexto lo que significa una membresía asociada de la UNESCO. Los miembros asociados de la UNESCO son básicamente los parientes pobres de la organización. Son como los menores de edad que no pueden asumir participación plena. Necesitan para su inclusión el permiso del país que ejerce el dominio, la votación de los demás miembros y van a estar permanentemente sujetos al arbitrio del país que tiene, en efecto, la soberanía a pesar de que su participación es mínima porque un miembro asociado ni siquiera puede votar. Hoy el Capitolio recibió la visita del Movimiento Terapistas Unidos, que agrupa a casi 2,000 proveedores de servicios a niños y niñas registradas en el Programa de Educación Especial de el Departamento de Educación. Sus reclamos no son nuevos: los terapistas de habla lenguaje, de terapia física, ocupacional y los psicólogos son parte del equipo de trabajo que por ley -de hecho por mandato constitucional-debe proveerles servicios a niños con necesidades especiales, y trabajan en unas condiciones en las que difícilmente pueden cumplir la tarea importantísima que se las ha encomendado. Esta semana se recibió la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de United States vs. Winsor. Me parece importante utilizar este turno inicial para recordar las asignaturas pendientes en esta Asamblea Legislativa, ahora que se cuenta con esa decisión que declaró inconstitucional el estatuto federal que define como matrimonio, únicamente la unión legalmente reconocida de una pareja heterosexual y permite, por lo tanto, que los estados y las jurisdicciones tomen las determinaciones que les parezcan en cuanto a ese asunto sin tener que estar sujeta a las limitaciones de estatutos o de la intervención como en ese caso del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos. El Proyecto de la Cámara 1226, propone que la Autoridad de Energía Eléctrica le conceda una tarifa preferencial a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por el consumo de electricidad. Esta medida que es parte de una petición de la AAA para enfrentar los costos operacionales -aunque a algunos sectores les pueda parecer simpática- lo que hace es perpetuar la pésima costumbre de los subsidios cruzados entre agencias y corporaciones públicas, y añadiendo al engaño de la malísima administración. Las medidas sobre las cuales votaremos deberían preservarse como un ejemplo para libros de texto de cómo no debe manejarse el tema de legislación contributiva. Con enmiendas a decenas de secciones al Código de Rentas Internas, y a varios otros estatutos, el sustitutivo al P. de la C. 1073 es un cóctel, sin más coherencia que la que puede dar la desesperación por buscar un poco aquí y algo más allá, para cuadrar a martillazos fiscales un presupuesto, mientras se evade asumir la responsabilidad de promover en serio, una reforma fiscal integral, que atienda los problemas de ingresos y gastos. Igual ocurre con las demás medidas. En primer lugar, quiero suscribir los comentarios hechos por el portavoz Larry Seilhamer, sobre el manejo de la medida y en lo que ha sido la práctica de presentar enmiendas cuantiosas e importantes estando ya en el hemiciclo. Al momento de prepararnos para la Sesión, los legisladores de minoría contamos solamente con el entirillado y muchas veces recurrimos a la consulta a sectores de interés que dependen de las delegaciones de minoría para canalizar su parecer sobre estos asuntos. En la medida en que las enmiendas que se traen pueden alterar significativamente el carácter de la legislación que estamos considerando, nos privamos nosotros de esa consulta y se priva a la ciudadanía en la consideración de asuntos como éste, ciertamente preocupan a todo el País. El Proyecto de la Cámara 1055 propone el establecimiento de un programa de retiro temprano voluntario para los empleados de la Autoridad de Puertos. En el informe se recoge el parecer de varias organizaciones de empleados entre ellos, de la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas. Específicamente la Hermandad señaló posibles conflictos con la aplicación del convenio colectivo vigente. En vista de que en el Artículo 4 de la medida se dispone que el Programa de Retiro Temprano se hará en “estricto cumplimiento con todas las leyes laborales, los convenios colectivos vigentes..” me parece imprescindible hacer constar, para que esté claro en el registro legislativo, que en atención a las preocupaciones expresadas por esta organización, este proyecto no va de ninguna forma a reducir beneficio alguno al que pudieran ser acreedores empleados o ex empleados de la Autoridad de Puertos por virtud del convenio vigente. Quiero consignar mi voto en contra del nominado a Secretario de Salud y explicar brevemente las razones que tengo. En primer lugar, me han parecido insuficientes las explicaciones que se han dado –tanto a través del informe como en la discusión pública- sobre las alegaciones de conflicto de interés que se han hecho en cuanto a la actuación del Dr. Joglar y su transición desde Recinto de Ciencias Médicas a una aseguradora privada que mantenía contratos con el gobierno, así como otros señalamientos reseñados en su relación con la empresa MMM. De la misma forma se ha cuestionado por parte de la comunidad médica el compromiso que pueda tener el nominado cuando estando baja la nomina de una aseguradora privada tomó decisiones adversas, tanto a los intereses de los pacientes como de los proveedores de servicios. |
"Regreso a este escaño, agradecida y consciente de la responsabilidad de representar, no sólo a votantes independentistas, sino a más de cien mil electores de otras ideologías"
-María de Lourdes (Sesión Inaugural) Archivo
November 2015
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