Esa tributación va a comenzar por el IVA que se les va a exigir sobre el pago de los servicios educativos privados. En este país la educación privada no es un lujo al que busquen acceder las clases privilegiadas. Para muchas familias es la única opción disponible de que su hijo o hija sea tratado dignamente recibiendo la atención que necesita y eso va a costar 16% más.
Muchos de los padres y madres que tienen hijos registrados en el Programa de Educación Especial no tienen acceso real a las terapias que necesita su niño o su niña. En este país los servicios privados de terapia, están aproximadamente, en 30, 40 ó 50 dólares por sesión, dependiendo del tipo de proveedor de servicios y, eso, va a tributar un 16%. Hay ciertas terapias denominadas "no convencionales" que el Departamento de Educación no importa cuánto se documente su eficacia, se niega a pagarlas; esos papás van a tener que asumir el 100% de esos costos.
Hacerle una evaluación a un niño como Dios y la ética profesional manda -no las evaluaciones en masa que hace el Departamento, que citan a 100 nenes para dedicarle 15 minutos a cada uno y hacer un "cut and paste" de otra para someterlo- cuesta cientos de dólares y es un instrumento indispensable para determinar qué servicios necesita un niño. Y eso, va a tributar un 16%.
Muchas de las niñas y de los niños que están registrados en el programa de Educación Especial necesitan servicios médicos particulares, algunos por condiciones orgánicas, otros por servicios psiquiátricos. Y eso, va a tributar un 16%.
Y encima, el que pretenda reclamarle al estado el cumplimiento del derecho constitucional de un menor de edad, si quiere ir al foro administrativo o al tribunal, tiene que tributar un 16% por lo que le pague al abogado. Hay que pagarle al estado para que el estado reconozca los derechos de un niño o una niña. Podrán argumentar que la base contributiva tiene que ser amplia y podrán dar todas las justificaciones administrativas, pero en el fondo, lo que sigue permeando es la falta de conciencia de que una sociedad que se quiera llamar justa, democrática e inclusiva tiene que reconocer la diversidad y las necesidades diferentes que le impone a los ciudadanos y ciudadanas esa diversidad.
En el examen que se haga finalmente, de las enmiendas del sistema contributivo, que cada uno vote como le dicte su conciencia; pero que tengan claro que -además de los otros señalamientos que se han hecho- va a haber un peso particularmente difícil de llevar para familias que tenemos en nuestro hogar niños y niñas con diversidad funcional.