19 de octubre de 2015 – El Capitolio - La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, denunció en conferencia de prensa que el proyecto legislativo que contempla la creación de una “Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico” es la entrega total del control del país a los bonistas.
“Lo que propone el PPD es poner al país bajo sindicatura. Esa Junta no supervisará; esa junta gobernará”, indicó la legisladora. “El gobernador ha abdicado totalmente sus poderes ejecutivos. Para todo fin práctico, se ha suspendido de empleo y lo que falta es que deje Fortaleza para que la ocupen los miembros de la Junta.”
Según propone el proyecto de ley, la Junta, que funcionará de manera “completamente independiente”… “al Estado Libre Asociado”, será nombrada según las recomendaciones de “una empresa de reclutamiento de ejecutivos o cualquier otro tercero”. Sus miembros no podrán ser removidos por negligencia crasa o corrupción, lo que significa que aún si el propio gobernador entendiera que sus decisiones son perniciosas, no tendrá poder alguno para interferir con ellos. Todos deben provenir del sector privado, ya que se prohíbe que hayan trabajado en el gobierno en los últimos cinco años. Debido a que están eximidos de acatar la Ley de Ética, la Ley de Contabilidad del Gobierno, la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes, la Ley para Reglamentar ciertos Contratos Gubernamentales de Financiamiento y Arrendamiento de Bienes Muebles o la Ley del FEI, estarán al margen de toda fiscalización y exentos de cualquier requisito de transparencia. Se trata de la corporativización del manejo de los recursos comunes, lo que constituye un duro golpe a los principios elementales de gobierno democrático.
La Junta controlará los ingresos y gastos de las entidades gubernamentales, aprobará o denegará la propuesta de presupuesto de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, lo que en efecto resulta en una rendición de la facultad legislativa. Penalizará con la asfixia fiscal a los que incumplan, y asumirá dominio de contrataciones y empleados.
“El Estado Libre Asociado no sirve para declararse en quiebra, pero sí para hacer el papel que algunos le han pedio al Congreso de EEUU, autoimponiéndose los síndicos (que serán extranjeros o representantes de intereses extranjeros), que harán el papel de supergobierno.
“Este proyecto es una confesión de que los mercados y las instituciones norteamericanas no tienen ninguna confianza en el gobierno de Alejandro García Padilla y como no tienen ninguna confianza en su gobierno –y él lo sabe- en lugar de renunciar e irse, lo que ha hecho es que le ha entregado todos sus poderes a una Junta que represente a los bonistas” finalizó la líder independentista.
“Lo que propone el PPD es poner al país bajo sindicatura. Esa Junta no supervisará; esa junta gobernará”, indicó la legisladora. “El gobernador ha abdicado totalmente sus poderes ejecutivos. Para todo fin práctico, se ha suspendido de empleo y lo que falta es que deje Fortaleza para que la ocupen los miembros de la Junta.”
Según propone el proyecto de ley, la Junta, que funcionará de manera “completamente independiente”… “al Estado Libre Asociado”, será nombrada según las recomendaciones de “una empresa de reclutamiento de ejecutivos o cualquier otro tercero”. Sus miembros no podrán ser removidos por negligencia crasa o corrupción, lo que significa que aún si el propio gobernador entendiera que sus decisiones son perniciosas, no tendrá poder alguno para interferir con ellos. Todos deben provenir del sector privado, ya que se prohíbe que hayan trabajado en el gobierno en los últimos cinco años. Debido a que están eximidos de acatar la Ley de Ética, la Ley de Contabilidad del Gobierno, la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes, la Ley para Reglamentar ciertos Contratos Gubernamentales de Financiamiento y Arrendamiento de Bienes Muebles o la Ley del FEI, estarán al margen de toda fiscalización y exentos de cualquier requisito de transparencia. Se trata de la corporativización del manejo de los recursos comunes, lo que constituye un duro golpe a los principios elementales de gobierno democrático.
La Junta controlará los ingresos y gastos de las entidades gubernamentales, aprobará o denegará la propuesta de presupuesto de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, lo que en efecto resulta en una rendición de la facultad legislativa. Penalizará con la asfixia fiscal a los que incumplan, y asumirá dominio de contrataciones y empleados.
“El Estado Libre Asociado no sirve para declararse en quiebra, pero sí para hacer el papel que algunos le han pedio al Congreso de EEUU, autoimponiéndose los síndicos (que serán extranjeros o representantes de intereses extranjeros), que harán el papel de supergobierno.
“Este proyecto es una confesión de que los mercados y las instituciones norteamericanas no tienen ninguna confianza en el gobierno de Alejandro García Padilla y como no tienen ninguna confianza en su gobierno –y él lo sabe- en lugar de renunciar e irse, lo que ha hecho es que le ha entregado todos sus poderes a una Junta que represente a los bonistas” finalizó la líder independentista.